Corrupción en Chile: una mirada a un fenómeno común en América Latina Corrupción en Chile: una mirada a un fenómeno común en América Latina
El año 2015 estuvo motivado por la creciente negativa opinión pública que rodeaba a la política chilena. A pesar de que las investigaciones de... Corrupción en Chile: una mirada a un fenómeno común en América Latina

El año 2015 estuvo motivado por la creciente negativa opinión pública que rodeaba a la política chilena. A pesar de que las investigaciones de casos de corrupción venían llevándose a cabo desde hace algunos años, la creciente crisis de la democracia representativa en Chile, y la fuerte caída de la aprobación del gobierno, trajeron a la palestra el desarrollo y amplias consecuencias políticas de casos como “Penta” y “Caval”, a un país que se estaba desarrollando lejano de los escándalos políticos de corrupción que el resto de América Latina viene acostumbrada.

La agencia Transparency International define corrupción como, “un abuso de poder para beneficios privados que finalmente perjudica a todos y depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad”. Siendo el referente mundial de la lucha contra este fenómeno, el desarrollo del índice de la percepción de la corrupción, será un indicador clave para analizar el fenómeno chileno.

La historia de Chile a lo largo del Siglo XIX está compuesta principalmente por un esfuerzo de la población y su clase dirigente en desvincularse de lo que fue la conquista española de América. Es por ello que, considerando que la historia del Estado era bastante reciente, no se tienen registros de grandes movimientos corruptos o defraudes políticos por parte de personal del gobierno chileno. Así siguieron llevándose adelante los principales acontecimientos. Chile en América Latina es conocido como un país que se forjó alrededor de las guerras, y las relaciones con sus vecinos inmediatos, así como la aislación geográfica de su territorio, lo ha hecho un país, que en el ámbito económico y político se ha logrado estabilizar con el pasar de los años.

Fue sólo durante la época, o llamado “experimento parlamentario”, que en Chile se registraron altos niveles de corrupción electoral. El aparato legislativo en el país no estaba establecido, los mecanismos de control aún no habían sido creados, lo que dio un pase libre para el cohecho y la manipulación de los partidos aspirantes al poder, frente a esta nueva forma de gobierno, que mas bien dictaminó un periodo descontrolado en la política interna del país.

Durante el Siglo XX el pasar de la historia no fue muy distinto a lo que se venía viviendo antes del periodo parlamentario, ya que recién en el año 1927 se creó la Contraloría General de la República, que viene a ser el órgano encargado de fiscalizar, entre otras cosas, la corrupción en el país. La proliferación de este nuevo Estado diferenciado de sus vecinos, lo llevó a la exploración de distintos sistemas de gobierno, que a manera de “ensayo y error”, lograron formar las bases para lo que hoy en día se desarrolla en manera política. En este ambiente de cambios es que se evidencia que no hubo grandes casos conocidos de corrupción, que hayan tenido renombre dentro y fuera del país.

Es hasta los cortos tres años de gobierno de Salvador Allende, durante el comienzo de los años ’70, que encontramos un caso que le dio la vuelta al mundo, dándose a conocer a través de los Archivos Mitrokhin, revelados después del final de la Guerra Fría, en donde se vinculaban al ex presidente chileno con la KGB, precisamente con el haber recibido fondos a cambio de información privilegiada, ya que el gobierno de la ex Unión Soviética contaba como “aliados” de sus políticas expansionistas del comunismo, a los países latinoamericanos.

Después de ese salto, la gran irrupción del término corrupción se vuelve más controversial con la llegada del gobierno militar precedido por Augusto Pinochet, el cual desde sus comienzos tuvo un porvenir bastante polémico en sus políticas y administración. Si bien estos hechos fueron conocidos con posterioridad con el retorno de los gobiernos democráticos a la vida política de Chile; ya que se amplió la libertad de prensa, y se restablecieron las funciones de la Contraloría General de la República y del Congreso Nacional anteriormente reprimidos. Las dictaduras tienden a abusar del poder, sobre todo cuando los países tienen leyes favorecedoras a un presidencialismo exacerbado, como es el caso de Chile, controlando así en su totalidad, las funciones administrativas en el ejecutivo, así es que los casos de corrupción suelen desarrollarse más frecuentemente y menos controlados, como lo fue en Chile durante ese momento.

Es por ello que durante los años ‘90 se han dado a conocer situaciones de cohechos llevados a cabo bajo la tutela de Pinochet, que incluían la destitución arbitraria de jueces del Tribunal Supremo de Justicia, así como también asignación de cargos públicos y privados fuera de contexto y eximidos de concurso público, también la suma de leyes que preveían sobresueldos a ciertos cargos públicos con posibilidades de expansión, e indemnizaciones importantes a los mismos; llegando hasta los casos más emblemáticos conocidos como “los Pinocheques” o el escándalo político, con implicancias actuales y desarrollado a lo largo de la historia, “CEMA Chile”.

Los hechos que gatillaron la condena por fraude y corrupción de Augusto Pinochet llamado “Pinocheques”, resultaron ser malversaciones de fondos por parte del mandatario a su hijo, quien se vio beneficiado por cerca de US$10millones, provenientes de fondos del Estado para la compra de una empresa propia, recientemente declarada en quiebra. Los movimientos de los fondos estatales, sin beneficios absolutos para el país, se vieron mitigados por el control total de los medios de comunicación, el exacerbado poder político de Pinochet y las otras funciones crecientes del Ejecutivo durante su gestión.

Por otra parte, CEMA Chile es una fundación sin fines de lucro que fue creada en el año 1954, que buscaba fomentar el bienestar espiritual y material de la mujer chilena. Dentro de sus principios, quien precedía esta asociación era la Primera Dama de turno, buscando fomentar en sus bases de desarrollo integral de la mujer. Durante el gobierno de Pinochet, su esposa Lucia Hiriart, cambió los estatutos de dicha agrupación, de manera de que ella tuviera el liderazgo a perpetuidad, lo que impidió que ninguna otra Primera Dama asumiera su misión. Más allá de utilizar su cargo, o figura política, para acceder a estos cambios, el día de hoy CEMA Chile es poseedora de algunos terrenos en distintos lugares del país, en los cuales se desarrollaron proyectos urbanísticos públicos, que están intentando ser vendidos a distintas Municipalidades (organismo público territorial de Chile), para generar fondos a dicha entidad.

Después de lo sucedido en esos años, la política chilena tuvo un momento de calma aparente en confronto a los escándalos de corrupción, como se dijo anteriormente, lo sucedido durante la dictadura de Pinochet fue revelado en primera instancia con los gobiernos sucesivos. Además de ello el desarrollo del país estaba enfocado a el retomar un Estado desmembrado a nivel institucional, así como también una población fuertemente dividida y un aparato gubernamental herido. Por lo que los primeros años estuvieron basados en la reconstrucción de un territorio que había vivido veinte años de dictadura.

Sin embargo, los gobiernos venideros también fueron focos de actos corruptos por sus gobernantes. Comenzando porque a pesar de tener ideologías y políticas concretamente distintas a aquellas impuestas por Pinochet en su momento, ninguno de los sucesores ha intervenido en cambiar dicha ley de sobresueldos e indemnizaciones indebidas instaurada en la dictadura, por lo que un sin número de otros congresistas y personajes públicos se ha visto beneficiado a lo largo de la historia contemporánea.

Casos como “Chispas” –En el que la venta de acciones de la compañía eléctrica estatal a privados, con condiciones especiales a reconocidos Senadores y políticos de la República, aprovechándose de las ventajas de las negociaciones en la bolsa-, “Piñeragate” –El escándalo político en el que el ex Presidente Sebastián Piñera, en un debate político, solicitaba a los mediadores vía telefónica, degradar las cualidades de su adversaria, Evelyn Matthei, para obtener mayor margen de aceptación pública, siendo revelada la conversación momentos previos al debate en vivo-, o “Inverlink” –En el que un uso indebido de la información privilegiada, para hacer que el mercado bancario, regido por el Banco Central, derrumbara su flujo normal, beneficiando a privados en las inversiones de diversas divisas- , son algunos de los más conocidos en el ambiente político de los años ’90.

Fueron episodios en los que principalmente miembros del Congreso, personajes públicos que finalmente fueron candidatos presidenciales y/o figuras políticas importantes, nublaron la calma de la vuelta a la democracia chilena. Sin embargo fueron casos que a pesar de ser relevantes como cualquier otro, pasaron ligeramente desapercibidos en la opinión pública debido al fuerte crecimiento y establecimiento de Chile como un país estable, transparente y ético política y económicamente.

No teniendo un modo de control o medida, ni siquiera a nivel internacional para la época. En el año 1993 se crea en Alemania la agencia “Transparency International” que viene a ser el referente actual de la percepción de la corrupción en el mundo. Evaluando anualmente las políticas internas, la manera de gobernar, las transacciones de los gobiernos, los casos conocidos de corrupción, sus implicancias políticas y manejo por parte de los poderes ejecutivos, y finalmente cómo la población aprecia la corrupción en el país y sus entidades públicas. Si bien el creado índice de percepción de la corrupción, ha sido muy criticado últimamente, por ser incapaz de medir eficazmente la corrupción interna de cada país, debido a que se siguen llevando a cabo hechos que se realizan fuera del ojo político mundial o de manera anónima y secreta; es, sin embargo, el indicador más difundido a nivel global en la lucha contra la corrupción y desarrollo de los pueblos, así como también el más relevante.

Durante los años sucesivos de la creación de este índice, Chile se ha mantenido siempre entre los primeros 25 países con menor nivel de corrupción en el mundo; a pesar de los casos anteriormente mostrados, ha tenido un gran desempeño en la administración económica y política nacional. El lugar más alto alcanzado en la escala de países no corruptos, fue en el año 1995, llegando a estar en el puesto número 14º del conteo, precisamente ya que se dieron las circunstancias descritas anteriormente, la recuperación de un Estado post- dictadura en el cual había todavía mucho trabajo pendiente, y además se dio un periodo de auge de explotación de las políticas económicas que dieron la base para el crecimiento exponencial en la primera y segunda década del año 2000.

En el informe revelado este enero de Transparency International, con respecto a la percepción de la corrupción del año 2015, los chilenos se ocupan en el lugar número 23 de la lista mundial, siendo un resultado positivo, comparándose con países de la misma región latina que se encuentran muy por debajo de este. Sin embargo es un descenso en la lista de dos lugares importantes, los que en comparación con el año anterior, se ve perjudicado el país con dos grandes casos de corrupción que están en la palestra de la opinión pública actual.

Los casos “Penta” y “Caval”, son los que este año tienen tomada la atención de la población chilena, la misma inestabilidad democrática actual y por sobre todo la abrupta caída de la aceptación de la presidenta Michelle Bachelet, -habiendo comenzado su mandato con el 81% de aprobación según la encuesta anual ADIMARK, cayendo más de cincuenta puntos hasta llegar al actual 24% que perjudica a la mandataria-.

Durante mediados de 2014 comenzaron las investigaciones que terminaron en la imputación de los culpables del caso Penta a finales del año 2015. Entre las acusaciones que se llevaban a cabo, se retenían que este prestigioso imperio económico tendía a falsificar ciertas declaraciones de impuestos sobre la renta, para así poder recortar su gasto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La evasión continua de impuestos por parte de la compañía generó deudas con el Estado por más de US$4millones.

No obstante aquello, durante las declaraciones del culpable a cargo de estas malversaciones, salieron a la luz los nexos que vinculaban el caso con reconocidos políticos del gobierno anterior al actual, el del ex presidente Sebastián Piñera, quienes fueron ‘beneficiados’ con el recibimiento de fondos por parte de la empresa Penta, para el financiamiento de sus campañas electorales, tres años antes, cosa que según la ley chilena sería ilegal. Desprestigiando así además a una clase dirigente de un partido reconocido en el país por su trayectoria, lo que generó como efecto colateral la parcial fragmentación de este partido, con la salida de personajes importantes, y la inestabilidad partidaria actual en la que existen varios grupos, sobre todo de la centro-derecha del país, que no forman parte de algún partido, y otros que están en a lucha por convertirse en uno nuevo.

A raíz de la opinión pública, de la baja confianza y a probación con la que se miraba el gobierno del ex presidente Piñera y las posibilidades de que esto mismo hubiera sido llevado a cabo por personajes involucrados con el gobierno actual, se procedieron a ciertas investigaciones que derivaron en lo que se conoce como el “Caso Caval”. Dentro de las averiguaciones se dio a conocer que el hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, bajo el nombre de la empresa Caval Limitada, había comenzado a gestionar un préstamo por montos millonarios para la compra de hectáreas de terreno en una zona rural del país. La problemática de estas acciones está en el uso de información privilegiada por parte de Dávalos, ya que la zona en la cual se encontraban los terrenos en cuestión, estaba bajo una normativa urbanística determinada que no permitía la construcción de viviendas, sin embargo, el cambio de esta norma generaría entonces ingresos por miles de millones de pesos por la venta ya premeditada de estos espacios.

A parte de esas acusaciones, a la cónyuge de Dávalos, Natalia Compañón, nuera de la Presidenta Bachelet, como encargada oficial de la compañía Caval Limitada, se le juzga en enero de este año por el mal uso de fondos internos, falsificación de boletas de honorarios por trabajos no realizados, que generan una pérdida al fisco que asciende a US$160mil, e intento de soborno a una entidad municipal con la finalidad del cambio de la regulación urbanística que regía la zona en la que se encuentran los terrenos adquiridos por el conglomerado.

La economía a capa caída de la administración de la actual mandataria, las dificultades que ha tenido en el manejo de sus promesas de gobierno, la opinión pública exacerbada son ya síntomas de la deficiencia y exponencial pérdida de credibilidad del gobierno. A raíz entonces de la luz de estos casos que están siendo investigados y condenados mientras se lleva a cabo su mandato, son la receta que ha conducido al fracaso de la popularidad de la política chilena, cayendo como efecto secundario una crisis de la democracia actual que no se ha sabido representar en la creación de nuevos líderes de opinión, sino en la fragmentación de un país ya dividido por un pasado inmediato, bastante polémico y desgarrador, que aún afecta la memoria de los chilenos.

Las secuelas de lo que fue el período pasado bajo el mando de Pinochet, la fuerte división política que enfrenta Chile como una nación joven, pero íntegra, hacen que los casos de corrupción crezcan a la luz pública como antecedentes de irruptores de la calma con la que se maneja el país. Es por ello que cuando los índices de percepción de la corrupción, en un país como este, cambian de un año a otro aunque sea de poco margen, la fragmentación de las preferencias políticas de los ciudadanos aumenta, generando el crecimiento mal que hoy en día se padece, carente representación política, aumento de los escándalos políticos de corrupción, falta de compromiso con la vida cívica y el actuar democrático. Todas interrogantes que estarán sin respuesta concreta hasta las próximas elecciones del país, finales de este año a nivel municipal y de congreso, pero por sobre todas las cosas el próximo 2017 con las nuevas elecciones presidenciales venideras.



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